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| Foto: Luis Babiano y Antonio Ruiz |
La Burbuja del
Agua en España
Luis Babiano. Asociación
Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)
En la mayoría de los países europeos la
legislación sobre los servicios de abastecimiento de agua potable,
alcantarillado y depuración de las aguas residuales adjudica su titularidad a
la Administración Pública, normalmente a las Entidades Locales (EE.LL.), al
entender que es esta la mejor manera de garantizar el acceso ciudadano a un
bien esencial.
No obstante, en algunos casos las
instalaciones de abastecimiento y saneamiento son supramunicipales (embalses,
estaciones de tratamiento o depuradoras), o bien, por simples motivos de tamaño
o escala se propicia la prestación del servicio a través de entidades supramunicipales,
que no dejan de ser administraciones públicas locales.
Esto es posible debido a que la normativa española
no obliga a que sea la propia E.L. la que preste el servicio de manera directa,
por lo que la gestión del ciclo urbano del agua se puede llevar a cabo de
manera mancomunada, consorciada o delegándola a una empresa privada o mixta.
Así, en España, durante los últimos años
hemos venido constatando esta diversidad de modelos de gestión del ciclo urbano
del agua. A la gran cantidad de municipios que ejercen con autonomía sus
competencias en esta materia, se han unido un número creciente de consistorios
que han ido delegando esas responsabilidades en empresas privadas. Este proceso
de privatización se ha producido en una situación de carencia de información y
de ausencia total de participación social.
En la actualidad, contamos con numerosas empresas
públicas, como ACOSOL, CYII, Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, EMACSA, EMASA,
EMASESA, ARCGISA, GIAHSA, EMALCSA y muchas otras que son una garantía de disfrute
del Derecho Humano al agua frente a otros tipos de gestión basados en la
obtención de beneficios a corto plazo.
Recientemente, el Departamento de Economía
Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Granada ha comparado la eficiencia de la gestión entre 28
sociedades púbicas y 24 ámbitos (municipales o supramunicipales) con gestión
privada, todas ellas ubicadas en Andalucía, concluyendo que las empresas
públicas son más eficientes que las privadas y añade que uno de los motivos es la
laxitud en el control de la actividad
del operador privado por parte de la Administración.
A la vista del resultado, cabría
preguntarse a qué otros intereses, que no es la eficacia en la gestión, obedece el proceso
privatizador del servicio de agua vivido en España en los últimos años: Se puede decir sin temor a equivocarse que detrás de cada proceso
de privatización hay una necesidad de financiación por parte de la entidad
privatizadora.
La fórmula de privatización más utilizada es
la concesión de los servicios. El agua sigue siendo pública, el servicio competencia
y responsabilidad de las EE.LL., pero la gestión se adjudica a un agente
privado. En todos los casos de privatización del ciclo urbano del agua la
empresa privada paga a la Administración una cantidad de dinero a cambio de la
concesión. Es lo que se denomina “canon concesional”.
Estos cánones concesionales millonarios,
lejos de mejorar las infraestructuras hidráulicas, se dedican a aliviar las
difíciles finanzas municipales y son repercutidos en tarifa a los ciudadanos,
en la mayoría de los casos sin que aparezca claramente reflejado en la factura.
Las empresas privadas, para abonar el
canon concesional, recurren al crédito, que obtienen con el respaldo de las
tarifas de los más de 20 años que suele durar la concesión y la garantía de un
porcentaje de cobro que supera el 95%. Es decir, dos décadas de ingresos
permanentes y asegurados ya que se trata de un mercado cautivo de pagos
protegidos por la amenaza del corte de suministro. El agua en España es un refugio financiero y somos los
ciudadanos quienes pagamos estos créditos con su correspondiente interés y
beneficio empresarial.
Así hemos llegado a una situación en la
que la gestión privada (a través de empresas mixtas o privadas) supone ya el
50% y en la que a su vez, esa gestión privada, está controlada en un 90% por
dos empresas, Aguas de Barcelona –AGBAR- (perteneciente al grupo Suez) y Fomento
de Construcciones y Contratas –FCC-, con lo que en la práctica podemos decir
que estamos gestionando un derecho humano en auténtico régimen de oligopolio donde no hay competencia.
Este modelo gestión es costoso para el ciudadano que ve incrementada su tarifa; medioambientalmente insostenible, ya
que a mayor consumo de agua, mayor es el beneficio (como ponen en evidencia las
quejas de AGBAR por el descenso en el consumo durante la sequía que sufrió
Cataluña en 2007); oscuro (no
existen órganos reguladores, ni indicadores de calidad de gestión, ni
estadísticas fiables); y supone una auténtica pérdida del control de las administraciones que a veces se ven abocadas
a renovar los servicios sin licitación pública.
Situaciones parecidas a éstas han hecho
que en muchas ciudades europeas como Grenoble o París hayan recuperado la concesión
y que los ciudadanos italianos acaben de votar en referéndum contra la
privatización de los servicios de agua.
Sin embargo, en España la presión de las
empresas privadas se ve favorecida por la falta de recursos municipales y la
debilidad de la regulación. Así hemos visto privatizar agua de buena parte de
nuestro territorio. La más reciente ha sido Aguas de Huelva (150.000
hab.), a finales
del 2010, que ha incorporado a un grupo de empresas privadas al 49% del
accionariado. La operación supuso un montante total de 57,3 millones de euros.
A cambio, Aquagest, el grupo que se ha sumado a la entidad -Unicaja (30%), Caja
Granada (15%) y AGBAR (55%)-, se compromete a invertir en la ciudad siete
millones de euros en los 25 años del contrato (un millón de euros el primer
ejercicio). Además, cuatro millones irán destinados a sensibilización y concienciación
ciudadana que supondrá un vinculo contractual muy estrecho con los medios de
comunicación locales (beneficiarios colaterales del proceso). La nueva empresa
resultante tiene la posibilidad de subir las tasas anualmente un 1% por encima
del IPC, pero sólo previa aprobación del pleno municipal y tras justificar los
costes.
A simple vista, los beneficios directos de
esta operación no son muy elevados (en el pliego se señala que el proceso de
privatización sólo repercutirá en la tarifa en 1% por encima del IPC). Pero
existen numerosas repercusiones colaterales. Ya que una vez conseguida la
concesión, la nueva empresa se compra a sí misma la tecnología, los suministros
y las obras necesarias. No está sometida a las mismas exigencias de publicidad
y concurrencia que las entidades públicas, por lo que no está obligada a
contratar mediante concurso público. Por último, ellos cobran de forma regular
y pueden pagar a proveedores con más plazo. Ya solo con el manejo de tesorería,
tienen beneficios. El resultado es que en la ciudad Huelva las tarifas aumentaron
en un solo año en un 14,4%. La historia de Huelva ejemplifica un proceso, un
proceso similar que han vivido recientemente ciudades como León, Avilés o Guadalajara.
En la ciudad de León (145.000 hab.) la privatización se realizó a
finales del 2009, Aquagest también se hizo con el 49% de la empresa municipal
de aguas por un importe de 25 millones de euros, en concepto de “uso de las
instalaciones, bienes y elementos existentes adscritos al servicio”. A cambio,
Aquagest se aseguró la gerencia ejecutiva de la
empresa, el control efectivo de la estrategia empresarial y de las decisiones
económicas fundamentales. Y todo ello en un contexto opaco, garantizado por el
derecho a la privacidad de la información empresarial que dificulta, cuando no
bloquea, cualquier proceso de participación ciudadana efectiva. Se privatizó el servicio de
aguas de una ciudad que, según un estudio de la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) de marzo de 2006, era una de las mejores gestiones, siendo la
capital de provincia más barata en el suministro. La entrada de Aquagest supuso
una subida inmediata del 2,8% en la tarifa del agua para 2010.
Los procesos de privatización
también han supuesto fuertes movimientos
ciudadanos de defensa del agua como bien común. Los vecinos de Avilés
(Asturias) consiguieron crear una de las Plataformas (constituida por veintiún
colectivos) contra la privatización del agua más activas de la península. De
hecho, en un municipio de no más de 85.000 habitantes, consiguieron recabar casi 20.000 firmas para exigir que la
gestión del agua se decida por referéndum. Movilizaciones que no impidieron que
el 1 de enero de 2010 comenzara a funcionar una nueva sociedad participada en
un 74% por Aquagest y en un 26% por el Ayuntamiento gracias a los 37 millones
de euros del canon (de los que sólo 18 millones se destinarán mejorar y
completar la red).
El objetivo de
ampliar espacios al mercado, sobre la base de privatizar los servicios públicos
(sanidad, educación, agua y saneamiento), que en las últimas décadas ha
presidido las políticas de “liberalización” y “desregulación”,
acaba encontrando en esta coyuntura de crisis una ventana de oportunidad. En el
último año se han anunciado nuevos procesos de privatización: la cuidad de Lugo (85.000 hab.), Jerez de la Frontera (206.000 hab.), el Puerto de Santa María (85.000 hab.), el Canal de Isabel II (6.000.000 hab.) o ATLL (5.000.000 hab.) que supondrán la
hegemonía absoluta del agua privada en España. Desde AEOPAS, creemos que si la
legislación simplemente prohibiera -como en la mayoría de los países europeos-
que los cánones concesionales se utilicen para fines distintos de la mejora de
las infraestructuras hidráulicas los procesos de privatización serían en España
algo muy residual. No hacer esto es fomentar una burbuja hídrica basada en la utilización
de la tarifa del agua como mecanismo de recaudación no transparente para
financiar a los municipios y cuyo resultado no muy lejano será la ausencia de
inversión en la gestión del ciclo urbano lo que conducirá a su insosteniblilidad
y, quizás, a su posterior rescate público pagado por todos.
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